La UCEP opera de noche con impunidad y violencia.
La Unidad de Control del Espacio Público porteña (UCEP) oficia como una patota que desaloja por la fuerza a indigentes que viven en parques, plazas y edificios de la Capital Federal. Pese a que ya hay varias denuncias presentadas por golpes, maltratos, sustracción de mercadería y amenazas, la banda que opera de noche no se intimida y sigue con sus oscuras prácticas. Trabajan para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo del ex rugbier Juan Pablo Piccardo.
“Esta gente comete delitos y tiene que ir presa”, sostiene el abogado Ricardo Dios, jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Pero ni siquiera con seis actuaciones iniciadas en esa dependencia, ni con una causa judicial en trámite (Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas), ni con el testimonio de testigos que se presentaron de manera espontánea respaldando a las víctimas, el grupo dejó de recorrer las calles en actitud intimidante, según publicó hoy el diario Página /12.
La violencia con la que opera este grupo tiene por blanco tanto a mujeres como ancianos que cartonean o duermen debajo de las autopistas. La UCEP depende del Ministerio de Ambiente y Espacio Público a cargo del ex rugbier Juan Pablo Piccardo y se creó el pasado 29 de octubre por el decreto 1232/08, aunque ya operaba desde antes.
Ángel Cabrera Cánepa, de 66 años, fue víctima de esta pandilla oficial el 7 de octubre del año pasado. Él vive rodeado de maderas y cartones a un costado de la autopista sur, en Constitución, junto a la iglesia Corazón de María. Ese día se despertó entre gritos, a la madrugada. “Estaba durmiendo y sentí los golpes en las tablas, me desarmaron las cosas a patadas, me tiraron una pared y empezaron a preguntar quién estaba. Les dije que cuidaba el lugar y me respondieron: salí viejo, vos no podés quedarte acá, te tenés que ir ya. Les expliqué que me dieran tiempo hasta la mañana, que cargaba todo y me iba, pero uno me contestó: andate ya porque te quemamos el rancho, te degollamos y te matamos. Me dieron una trompada acá (señala tomándose el costado del estómago) y uno me acercó algo filoso al cuello. Pero cuando nombré al padre y a la parroquia, el jefe de ellos cambió de idea. Y me dijeron: mañana venimos y no vinieron nunca más”, le cuenta el damnificado a Página/12.
Cabrera Cánepa mantiene una relación amistosa con el sacerdote Jorge Alonso, que según él, influyeron para que la UCEP no fuera por segunda vez a desalojarlo. Pero aquella noche de octubre, otros indigentes que vivían del lado opuesto de la autopista que da a San Telmo, quedaron a merced de la patota. “Pobres muchachos, los golpearon y después vinieron para acá”, recuerda.
La repetición de estos casos impulsó a la diputada porteña Liliana Parada a presentar una denuncia el 4 de diciembre pasado contra Macri, Piccardo y los funcionarios y empleados de la UCEP. La conducta de estos últimos encuadraría en delitos tipificados por el Código Penal, como el que señala el artículo 149 bis: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años el que hiciere uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas. Será reprimido con prisión o reclusión de dos a cuatro años, el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
La causa está radicada en la Fiscalía de Instrucción N° 26 y quedó caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre amenazas con armas o anónimas”. Desde allí, el 12 de febrero se reclamaron las denuncias a la Defensoría que, por la vía administrativa, no consiguió avanzar demasiado más allá de recomendarle a Piccardo que, con carácter urgente, desactive las prácticas de la UCEP. “Ellos niegan, niegan que cometen delitos. Dicen que lo hacen por medio de la persuasión. Que su trabajo es decirle a la gente que no puede ocupar el espacio público, que debe ser liberado. No respondieron casi ninguna denuncia y en la única que contestaron, la respuesta fue que no intervinieron”, cuenta el abogado, Dios.