Lidia Papaleo pidió a la Justicia ingresar al Programa de Protección de Testigos

Lidia Papaleo solicitó ante la Fiscalía Federal de La Plata que investiga el traspaso accionario en la empresa Papel Prensa durante la dictadura, que se le brinde protección en su calidad de testigo, porque teme por su integridad. "Vine a pedir mi protección ", afirmó la viuda de David Graiver, quien consideró que "es muy duro" enfrentarse al grupo Clarín-La Nación, que poseen gran parte del paquete accionario de la empresa papelera.

Papaleo se presentó ante el fiscal federal Marcelo Molina, a quien la semana pasada le había relatado las circunstancias en las que fue "obligada" a vender las acciones de la principal compañía productora de papel de diario del país.

Según la declaración testimonial que brindó, reclamó que "ante las circunstancias que rodearon su declaración y en atención a la pública trascendencia que ha tomado la causa de la que resulta ser víctima y testigo, y por sentir que se encuentra en riesgo su integridad, requiere que se brinde protección en tal calidad".

El fiscal Molina le informó a Papaleo sobre la existencia del Programa Nacional de Protección de Testigos y se acordó coordinar una entrevista con las autoridades del mismo para que la asesoren, se evalúe el riesgo que corre y el mecanismo de protección a brindarle.

La viuda de Graiver remarcó que resolvió presentarse como víctima en la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa "fundamentalmente por la memoria de mi marido, por todos los dolores que pasé, los ultrajes que pasé, tratando de dignificar nuestra historia".

"Pero además, porque consideró que es la primera vez que tengo el apoyo, que hay un gobierno que está dándonos la posibilidad de que lo hagamos (buscar justicia en el caso de apropiación)", remarcó.

Papaleo, quien concurrió a la fiscalía junto a su hermano Osvaldo, sostuvo que "durante muchos años yo concurrí a muchos estudios de abogados para poder hacer estas declaraciones sobre Papel Prensa, y todos los estudios me rechazaron, y me trataban de convencer de que no lo hiciera, de que era peligroso".

Además, presentó al fiscal Molina una carta fechada el 27 de julio de 1977, dirigida a Miguel Anchorena (abogado de la sucesión), en la que “decimos cuáles son realmente los bienes que tienen que estar declarados en la sucesión” de su esposo.