Marcelo Zlotogwiazda
En el contexto del enfrentamiento entre el Gobierno y Clarín, la discusión específica sobre Papel Prensa tiene dos ejes. Uno refiere a la operación de compra de las acciones del grupo Graiver a comienzos de la última dictadura, que según el Gobierno involucra a los dueños de Clarín y La Nación con delitos de lesa humanidad; el otro tiene que ver con la ventaja que esos dos diarios obtienen sobre sus competidores por el hecho de ser accionistas de la única empresa que fabrica el insumo clave de la industria editorial.
Para comprender este segundo debate, hay que tener en cuenta la estructura básica del mercado. En números gruesos, la demanda interna de papel de diario se conforma con 120.000 toneladas que requieren Clarín (CL) y La Nación (LN) y otras 100.000 el resto de los diarios. La oferta de Papel Prensa (PP) abastece el total de las necesidades de CL y LN, pero sólo la mitad de lo que insumen los otros diarios, que importan el faltante sin pagar arancel.
Considerando que el papel importado es de relativo fácil acceso (por ejemplo, Chile exporta mucho más de lo que importa la Argentina), CL y LN tienen ventaja sobre el resto sólo cuando el precio internacional del papel es superior al precio de PP, que depende de su costo de producción. Es lo que sucedió durante muchísimo tiempo. Nadie lo pone en duda.
Los contrapuntos aparecen respecto de la situación actual. Un miembro del directorio de LN respondió que “en casi todo el último año y medio a nosotros nos hubiese convenido importar papel en lugar de comprarlo en PP”. Es una fuente interesada. Pero Jorge Fontevecchia, que al igual que Julio Ramos y Jorge Lanata fue siempre un editor muy crítico de la política comercial de PP, también sostiene que aquella ventaja ya no existe. El domingo pasado escribió en Perfil que “hace veinte años tener o no tener acceso al papel que producía Papel Prensa era determinante, porque diferencias de precios del 30 al 50 por ciento respecto del papel importado hacían casi inviable cualquier competencia”, pero “en la última década hubo cambios sustanciales”. Señala que “el papel es la única commodity que cuesta menos”, porque “las ventas de diarios en todo el mundo se redujeron un tercio y las fábricas de papel tienen exceso de capacidad ociosa”. Del tema sabe mucho, ya que además de editar con imprenta propia, “Perfil es la mayor importadora de papel de diario en la Argentina”, como el propio Fontevecchia señala en el comienzo de su nota.
Pero no todos tienen igual acceso al papel importado. Ya sea que por escasa escala no estén en condiciones de importar directamente, o si lo hacen se vean obligados a pagar un precio más alto y al contado, y también a incurrir en el costo financiero de adquirir insumo para varios meses, lo cierto es que los diarios chicos están en desventaja no sólo frente a CL y LN sino también en comparación con Perfil. Sin ir más lejos, Sergio Szpolski, el dueño del grupo multimediático que incluye a esta revista y a varios diarios, afirma que “mientras PP le vende a CL y LN la tonelada a 523 dólares, al resto le cobra 603 dólares, y mi importador, Perfil, me la cobra 750 dólares”. Una diferencia que según Fontevecchia entra en el rango de “determinante” de la inviabilidad. No obstante hay que decir que el giro habitual del negocio hace posible que los diarios de Szpolski sigan en los quioscos.
En el debate no hay ni siquiera acuerdo sobre los precios vigentes. La citada fuente de LN asegura que “el precio contado de PP es 638 dólares para todos los clientes”, ya que una resolución de Guillermo Moreno (que CL y LN apelaron en la Justicia) prohibió que los accionistas de PP se beneficien del esquema de descuento por volumen, que en el caso de ambos diarios era del 12 por ciento. El gerente comercial de otro importante diario nacional que no es accionista de PP responde que esta empresa les está cobrando 678 dólares la tonelada, neto del descuento del 5 por ciento por pronto pago. ¿En qué quedamos: 523, 603, 638 o 678?
Lo que el Gobierno pretende mediante el proyecto de ley que envió al Congreso para declarar de “interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y papel para diarios”, es establecer un marco regulatorio que “permita el abastecimiento de todos los medios de información gráfica en condiciones igualitarias, asegurando el respeto de la igualdad en los precios de compraventa del producto y demás condiciones de contratación, debiendo evitarse la distorsión de los precios de mercado”.
En los que respecta a PP, a menos que tengan en mente el extremo de obligarlos a repartir la producción de acuerdo con algún criterio que no respete la prioridad de acceso al papel que en la práctica tienen sus dos accionistas privados, el resto de las condiciones igualitarias a las que alude el proyecto como objetivo quedan reducidas al tema de los descuentos por volumen. CL y LN argumentan que es una práctica comercial básica en cualquier actividad económica; Fontevecchia coincide. No así Lucas Llach, un economista nada heterodoxo que en su blog La Ciencia Maldita –es parte del portal de La Nación– escribió como conclusión de un post titulado “Papel Prensa. ¿Debe regularse?”: “Se trata de un mercado que requiere regulación si el objetivo es que el mercado de diarios funcione en competencia pareja. La regulación más sencilla es la prohibición sobre la discriminación de precios, incluidos los descuentos por volumen”.
El descuento por volumen no es un punto irrelevante, pero no parece ameritar una gran movida legislativa. De hecho, al día de hoy están suspendidos por una simple resolución de Moreno ratificada por la Justicia.
Para lograr la igualación absoluta sólo faltaría compensar la diferencia entre el precio de PP y el importado. Muy sencillo: el Estado subsidia cuando el precio internacional es mayor al de PP, y cobra un arancel cuando esa relación se invierte.
Así de fácil.