Una buena idea del Gobierno

Junto a “equipos”, “gestión” y “proyectos”, la noción de “idea” como algo crucial para la política ocupa un lugar central en el discurso tecnocrático y modernizante. Durante su campaña electoral, Mauricio Macri y Francisco de Narváez machacaron hasta el cansancio con el estribillo de las ideas: nosotros sí, decían, tenemos ideas.

Y en realidad, a la hora de gestionar la cosa pública las ideas importan más bien poco; y no porque esté todo inventado –argumento absurdo que achata la creatividad y hunde el ingenio– sino porque las ideas son sólo una parte, incluso una parte menor, de la política. Además de ideas, la política exige timing: la mejor idea puede irse al diablo si es impulsada en el momento inadecuado, lo que hace del manejo de los tiempos y el sentido de la oportunidad un elemento central. Y aun si la idea es buena y el momento propicio, se necesita una buena lectura sobre la correlación de fuerzas y, más complicado aún, una interpretación ajustada sobre la realidad de la estructura económica y social: el Plan Austral de Raúl Alfonsín, por ejemplo, no era en sí mismo un mal programa, pero partía de un diagnóstico totalmente atrasado de la economía argentina, que no había registrado la magnitud de la crisis de la deuda y del modelo sustitutivo. Y, por último, se necesitan capacidades profesionales: sin sobreestimar el peso de la tecnocracia, ciertas decisiones, por mejores que sean, no pueden concretarse sin un aparato profesional que las implemente.

La Resolución 125, que detonó el conflicto con el campo, marcó el primer gran fracaso político del kirchnerismo, un fracaso fundacional en el sentido de que buena parte de la gestión de Cristina, caracterizada por la intención de mantener la iniciativa en base a medidas de cambio, se explica a partir de aquella derrota. La 125 era una medida de política económica ciertamente discutible pero en absoluto exótica: en el contexto de altos precios de los commodities y enorme rentabilidad de la producción agropecuaria previo al estallido de la crisis mundial, el objetivo era crear un mecanismo que permitiera capturar un mayor porcentaje de la hiperrenta sojera y, al mismo tiempo, superar la rigidez del esquema vigente ajustando la carga de acuerdo a los movimientos de los precios.

Tal como se demostraría después, cuando la crisis mundial hundió transitoriamente los precios de los commodities, la 125 no era una mala idea. Pero se fue al diablo por una lectura insuficiente de la nueva realidad del campo, en especial su articulación con otros intereses económicos, y por la notable falta de timing. Fue sobre todo un problema de gestión política del Gobierno, que al principio intentó resolver la disputa de manera decisionista hasta que finalmente se decidió a enviar una ley al Congreso. Pero ya era demasiado tarde. Lo mismo sucedería tiempo después, con la decisión de pagar parte de los compromisos externos con reservas del Banco Central: el kirchnerismo ignoraba la resistencia y las ambiciones de Martín Redrado, que hasta el momento había acompañado sin chistar la política económica, y cuando se encontró con su negativa recurrió a un decreto de necesidad y urgencia, en un trámite desprolijo que recién se resolvió cuando la disputa se trasladó al Parlamento. Esa vez a tiempo.

Como los chicos, los gobiernos también aprenden a los tropezones.

En los días previos a la difusión del informe oficial sobre Papel Prensa circularon miles de rumores acerca de una expropiación de la empresa o una incautación de las acciones sin indemnización, en el marco de una supuesta mutación en clave chavista del kirchnerismo. El discurso de Cristina desmintió rotundamente estas habladurías. En la primera parte, la Presidenta detalló el modo, a su juicio fraudulento e ilegal, en el que fue vendida la empresa en tiempos de la dictadura; en la segunda anunció la decisión de declarar de “interés público” la producción de papel de diario garantizando un precio y unas condiciones igualitarias para todos los medios.

Pero lo central es que esta doble decisión se tomó acudiendo a los canales previstos en la Constitución y las leyes: por vía de una denuncia ante la autoridad judicial competente y a través del envío de un proyecto de ley. En cierto modo, el Gobierno se ubicó en una situación de desventaja: judicialmente prima la presunción de inocencia y la letra de los contratos firmados, por lo que será difícil, después de tanto tiempo y en una causa tan enmarañada, demostrar lo que el Gobierno quiere demostrar: cualquier trámite judicial exige pruebas contundentes, admite chicanas procesales de todo tipo, a menudo contempla tiempos laxos (y los afectados cuentan con buenos abogados). En el Congreso la situación no es menos complicada, ya que el kirchnerismo está en minoría en ambas cámaras: la decisión de enviarlo primero a Diputados, donde el oficialismo cuenta con unos 100 o 110 legisladores de los 129 necesarios para alcanzar el quórum, es una forma de apelar a los bloques de centroizquierda, cuyo apoyo sí garantizaría un tratamiento favorable pero que, como se ha demostrado en el pasado, no está en modo alguno garantizado.

Una de las confusiones más habituales a la hora de analizar los sistemas institucionales es la de la división de poderes. Contra lo que piensan algunos, la división de poderes, corazón de una democracia republicana, supone una distribución de competencias o funciones, pero no implica un aislamiento. Los poderes se intercomunican y se conectan: el vicepresidente preside el Senado, el Ejecutivo designa a los jueces de la Corte con aval del Senado, el Senado debe aprobar los pliegos de los embajadores, el Congreso puede interpelar e incluso remover al jefe de Gabinete, la Justicia puede meter preso a un ex presidente.

Retomando el comienzo de esta nota, la decisión de investigar un supuesto ilícito cometido en tiempos dictatoriales y democratizar el acceso al papel de diario es una buena idea del Gobierno. Al apelar a la Justicia y al Congreso, Cristina interpeló a los dos otros poderes, forzándolos a expedirse sobre una cuestión que considera prioritaria. Del timing, la capacidad de negociación y la calidad técnica del proyecto dependerá que la idea se convierta en realidad.