Hace tiempo que la palabra “escándalo” empezó a quedarle chica a la insaciable trama de espionaje –interno y externo, político y empresarial, conyugal y familiar– que explotó en el núcleo duro del gobierno de Mauricio Macri. Lo que se inició con el espía Ciro James –a esta altura, casi un personaje secundario en una historia plagada de estrellas– fue creciendo con voracidad, como una mancha de aceite, hacia todos los márgenes de la administración macrista. En sólo un día, mientras se terminaba de escribir esta nota, perdió su puesto Osvaldo Chamorro, sucesor de Jorge “Fino” Palacios en la Policía Metropolitana, y el propio Palacios, que se presentó a declarar ante el juez federal Norberto Oyarbide, quedó detenido en la Comisaría 46, como lo pidió el fiscal Alberto Nisman.
Ese mismo día también se conoció que en la agencia de seguridad que el Fino y Chamorro compartían, Strategic Security Consultancy SRL, se realizaban investigaciones sobre el director del diario La Nación Bartolomé Mitre y el ya fallecido empresario farmacéutico Sebastián Forza. Veinticuatro horas antes, el lunes 17, se supo que varios legisladores porteños de la oposición también eran investigados y que incluso el jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo bajo la “lupa”. Casi nadie quedó afuera de la “SIDE Pro” que anidaba en la ciudad de Buenos Aires.
Así las cosas, para los investigadores está cada vez más claro que James es una pieza menor –“un valijero”– de una maquinaria montada a gran escala. Una organización ramificada en la Justicia, las fuerzas de seguridad, la política y el mundo de los negocios, creada para brindar un servicio exclusivo, sólo apto para clientes que puedan pagar el precio de la “información confidencial”.
Se trata de una especialidad, la de las tareas de “inteligencia”, donde no abundan los expertos. Uno de ellos, y que además tiene la peculiaridad de estar o haber estado ligado a varios de los nombres clave de esta historia, es Miguel Ángel Toma, ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (la ex SIDE) durante la presidencia de Eduardo Duhalde y uno de los más hábiles operadores del PJ disidente, que puso su know how electoral al servicio del dúo Francisco de Narváez y Macri.
Desde que el affaire de las “pinchaduras” fue ganando densidad, en los pasillos de Comodoro Py, entre los legisladores de la oposición y las propias filas del Pro coinciden en que al final de muchas de las pistas abiertas por la causa asoma la figura del ex “Señor 5”. Por lo pronto, los puntos de contacto entre Toma y la fallida Metropolitana son varios.
La semana pasada, Toma, que ocupó la cúpula de la SIDE entre 2002 y 2003, fue procesado y embargado por Oyarbide por una serie de contrataciones hechas con presuntos sobreprecios durante su gestión como secretario de Inteligencia. En esa causa también está procesado el contador Guillermo Oscar Rodríguez, subsecretario de Administración en la SIDE de Toma y considerado por el juez una pieza clave para la supuesta maniobra de sobreprecios: una docena de contrataciones directas entre 1995 y 1999 con la firma Kainer Construcciones SRL, en las que los costos, según investiga la Justicia, estuvieron “inflados” en el orden del 280 por ciento. Este Rodríguez es el mismo que hasta hace poco ocupó la Secretaría Administrativa de la Metropolitana, de donde fue eyectado una semana después de que se conociera su procesamiento. Tanto en la SIDE como en la policía macrista, el puesto que ocupó Rodríguez no es para cualquiera. Desde ahí se regula el “grifo” del dinero y por eso es una plaza reservada a hombres de extrema confianza.
En este rubro, el de la confianza, uno de los hombres que Toma tiene en la ciudad es el legislador del Pro Cristian Ritondo, que además de ser uno de los referentes en materia de seguridad para Macri, está entre los mayores críticos a la gestión de Guillermo Montenegro en el Ministerio de Justicia y Seguridad. Junto con su compañero de bloque, Daniel Amoroso –también cercano a Toma–, Ritondo presentó un proyecto para la creación de una central de espías en la Capital: la Dirección de Inteligencia Criminal, según reza la propuesta ingresada a la Comisión de Seguridad de la Legislatura el 13 de noviembre de 2008.
Ese día los legisladores contaron con el apoyo de un asesor especial: Raúl Rosa, ex agente de la SIDE y hombre del entorno del ex comisario Luis Abelardo Patti, preso por delitos de lesa humanidad. Rosa también colaboró con Toma en el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos (CIEE), el think tank que lidera el ex jefe de Inteligencia.
“Información y acción son los dos elementos básicos para dar seguridad a nuestros ciudadanos. Ahora bien, cómo llegar a la acción sin la información, cómo combatir el delito con simple presencia policial”, señalan Ritondo-Amoroso entre los fundamentos de su propuesta, que hoy está “en tratamiento”.
Sin embargo, más allá de la discusión parlamentaria, está claro que hace rato se hace espionaje en la ciudad. Y, según las últimas revelaciones de una causa que lleva ritmo frenético, sobre los propios miembros de la comisión que tenían que comenzar a discutir la creación de un área dedicada a estas tareas.
La bomba que se llevó puesto a Chamorro y terminó con Palacios tras las rejas mostró que, mediante un famoso programa de antecedentes comerciales –Nosis–, se investigó a la legisladora Silvia La Ruffa, la kirchnerista que preside la Comisión de Seguridad, y a su colega Gonzalo Ruanova, de Espacio Plural –cercano al ibarrismo–. En esa misma lista –que parece no tener fin– también aparecen los nombres de Diana Maffía –legisladora de la Coalición Cívica–, Patricio Datarmini –dirigente sindical de los municipales porteños– y Bartolomé Mitre, director del diario La Nación. Como frutilla del postre, también habían pedido información sobre el propio Rodríguez Larreta, enfrentado a Montenegro y a que la conducción de la Metropolitana estuviese en manos de un policía. El jefe de Gabinete siempre quiso a un civil en el puesto de Palacios. Su candidato era Eugenio Burzaco, quien finalmente tendrá ese lugar a partir del 11 de diciembre, cuando se cumpla su mandato en la Cámara de Diputados.
Pero así como el Fino no tenía buenas migas con Larreta ni tampoco con Montenegro, sí había construido una relación de coincidencias con Toma. En especial después de que el entonces jefe de la SIDE, tras un viaje a los Estados Unidos, aportara un material procedente de la CIA –la central de inteligencia norteamericana– que terminó de volcar el rumbo del expediente AMIA hacia la llamada “pista iraní”. La misma hipótesis que fue apoyada por Palacios cuando aún era el investigador estrella en la causa por la voladura de la mutual judía y no se lo había vinculado con las escuchas telefónicas a Sergio Burstein, de Familiares de Víctimas de la AMIA. La “pista iraní” había nacido durante los estertores del gobierno de Carlos Menem, cuando Hugo Anzorreguy lideraba la SIDE y Toma era secretario de Seguridad Interior, con el ministro del Interior Carlos Corach como su jefe.
Quizás esa vieja alianza haya pesado a la hora de que el frustrado número uno de la Metropolitana le pidiera a Montenegro la designación del contador Rodríguez.
Negocios. Como todo hombre vinculado a temas de inteligencia, la historia de Toma tiene pliegues y abunda en versiones. No se llega a ser jefe de la SIDE sin el perfil necesario. El nombre del ex “Señor 5” aparece hoy en varias empresas, pero sus influencias las trascienden largamente. El ex ministro del Interior José Luis Manzano y Daniel Vila –socios del Grupo Uno, de Mendoza– están entre las terminales de muchas de sus actividades comerciales. Hace poco, consultado por sus supuestas cualidades de poder en las sombras, Toma dijo: “Si tuviera el 5 por ciento del poder que me atribuyen, sería uno de los tipos más importantes de la Argentina”. Le estaba respondiendo al dominical Miradas al Sur, donde un artículo lo sindicó como el “cerebro” de una agencia de inteligencia con base en el Hotel Savoy y que entre sus funciones tendría operar contra la –por entonces en debate– Ley de Servicios Audiovisuales. La nota incluía entre los socios de Toma al ex comisario inspector de la Policía Federal Carlos Alberto Sablich, quien estuvo a cargo de la división de Delitos Complejos de los “azules”.
Sablich no es el único ex federal de alto rango que mantendría buen trato con Toma. Otro es el ex jefe de los “azules” Adrián Pelacchi, que desde su salida de la fuerza mantuvo un perfil bajo pero siguió aceitando sus vínculos con el poder. Tanto que asesora a De Narváez en temas de seguridad y tiene línea directa con el jefe de gobierno porteño. En su gestión al tope de la Federal, Pelacchi no sólo impulsó la figura del Fino, sino que, como “hombre de cuerpo”, forjó una amplia prédica sobre la tropa. La misma que, en parte, hoy reviste en la Metropolitana.
La intersección más clara entre Vila, Manzano y Toma es AMLC SA, cuyo objeto fundacional fue: “Consultoría en prevención del lavado de dinero, de la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas”. En esta firma, Toma es socio de su hijo Federico y del abogado Lisandro Ezequiel Nóbile, a la vez socio y hombre clave en las operaciones de Vila-Manzano en compañías como Recoil y Cía. SRL, América TV, Integra Investment y Sodem SA.
Toma y los mendocinos comparten, además, los vínculos con Carlos Forlano, director de la financiera Prever Cred. Toma y Forlano suelen compartir tardes de golf en Los Lagartos Country Club y charlas financieras en la sede que la firma posee en Alem 619 piso 9. Por esas oficinas pasaron también los préstamos cedidos por Prever a las empresas del grupo Vila-Manzano, entre ellas Grupo H, editora de la revista La Primera. Cuando Grupo H entró en convocatoria de acreedores, Prever reclamó una deuda de medio millón de pesos.
Otro punto de unión entre Toma y los mendocinos es la fundación CIEE, donde el ex jefe de la SIDE puso al frente del área de Inteligencia a Gerardo Strada Sáenz, quien a su vez es consejero académico de la Fundación La Capital –creada en el seno del diario rosarino homónimo–, cuyo presidente es Vila y que en su cuerpo de vocales tiene a Manzano y al diputado reelecto De Narváez.
Entre las empresas donde Toma puso su firma está Viva Agro 2000 SRL, dedicada a la cría de ganado, en la que tiene como socio a Rogelio Ricardo Cirigliano, ex vocero de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Junto a Cirigliano, Toma incursionó en el negocio de transporte aéreo de pasajeros mediante Vip Air SRL, donde ambos empresarios figuraron en el directorio hasta 2003. En 2000, Vip Air quedó envuelto en un confuso episodio, cuando un grupo de asaltantes que había intentado robar un banco de Neuquén terminó escapando en un taxi aéreo de esa empresa.
Cirigliano, a su vez, conduce al empresario Eduardo Néstor Taratuty, el hombre que lleva a dos de los negocios más redituables en el entorno de Toma. A través de las firmas London Supply Sacifi y London Free Zone SA, “Tedy” Taratuty controla los free shops de los aeropuertos de Río Grande, Trelew y El Calafate, el reducto preferido por la pareja presidencial para pasar sus horas de descanso.
Con la firma London Free Zone, Taratuty amplía el negocio a la zona franca de Puerto Iguazú, en Misiones. La misma provincia donde uno de los amigos de Toma, Ramón Puerta, también aparece mencionado en el caso de espionaje telefónico. Es que los dos jueces de Posadas que autorizaron las escuchas –Horacio Gallardo y José Luis Rey, a quienes Oyarbide ya les pidió el juicio político por negarse a declarar– son sindicados como “hombres de Puerta”.
Siguiendo con Taratuty, fue director de la firma Interbaires SA, también dedicada a los free shops y que fuera parte del grupo comandado por Alfredo Yabrán. No es este el único punto donde el “universo Toma” se roza con el del fallecido empresario postal. En el año 2000, el paquete de empresas que pertenecieron a Yabrán y que pasaron a manos del Grupo Exxel dejaron de usar los servicios de seguridad a la norteamericana Kroll –comandada por el espía Frank Holder– y contrataron a Universal Control. Esta agencia había sido creada un año antes, entre otros, por Armando Franchi, un empresario más que cercano a Toma, que supo desempeñarse como su jefe del Gabinete de Asesores en la Secretaría de Seguridad Interior. Entre los socios que Franchi tenía en los orígenes de Universal Control, estaban el ex jefe montonero Rodolfo Galimberti y quien fuera pareja de Susana Giménez, Jorge Rodríguez.
En 2002, cuando Franchi ya no figuraba en la agencia, hizo su ingreso a Papel Prensa, donde compartió mesa con Héctor Magnetto –CEO de Clarín– y Julio César Saguier –de La Nación–, entre otros “capos” de los medios.
Talento. Consultado por este medio sobre esta trama que lo tiene como nexo de muchos de los protagonistas del escándalo de espionaje más importante que se haya visto en la Argentina, Toma recurre al libreto macrista de la infiltración: “El Gobierno debería responder por qué la gente de inteligencia de la Federal trabajó dos años en una dependencia de otra jurisdicción, negando su condición de oficial de inteligencia”, dijo, replicando las primeras explicaciones del Ejecutivo porteño cuando pretendía mostrarse como víctima de un complot. Con el paso de la investigación judicial se comprobó que, si alguien conocía el currículum de James, era Palacios, con quien había intercambiado más de un centenar de llamados telefónicos además de prometerle un puesto en la Metropolitana.
Fiel a su aliado político, Toma también opta por victimizarse: “Es parte de una persecución contra los que pensamos distinto. Me atacan porque estuve en contra de la Ley de Medios”, enfatizó. Sin embargo, reconoció su vínculo con el ex espía Rosa –“colaboró en la revista Estrategias, pero nunca más lo vi”– y con su co-procesado Rodríguez: “Lo traté en reuniones de ministerio. Después del 2000 no tuve más contactos con él”.
Sólo la investigación que lleva adelante el juez Oyarbide podrá determinar si, como dice el ex jefe de la SIDE, es sólo un “conocido” de varios de los caídos por el “Watergate Pro” o, en cambio, todas esas coincidencias que lo rodean quieren decir mucho más n y