Confederación General del Trabajo.
Por Diego Rosemberg
La política argentina cada vez se parece más al fútbol si es verdad –como decía el periodista Dante Panzeri– que el deporte más popular del mundo es la dinámica de lo impensado. Ni el analista político mejor pintado imaginó tras las elecciones del 28 de junio que el debate sobre el modelo sindical argentino se iba a instalar este año en la tapa de todos los diarios. Pero el tema logró imponerse en la agenda tras una sucesión de pequeños conflictos de alta intensidad, tal como los sociólogos comenzaron a llamar a esta novedosa serie de protestas en defensa de intereses que no son masivos pero que tienen alto impacto político y social, como los casos de los trabajadores del subte o de Kraft Food.
La repercusión de la huelga del subte fue tan grande que puso al Gobierno en una disyuntiva no deseada: tener que definir explícitamente si concede o no la inscripción gremial a los trabajadores de Metrovías que quieren formar su propio sindicato porque no se sienten representados por la Unión Tranviarios Automotor. El Ministerio de Trabajo negoció una tregua hasta el 2 de diciembre, cuando los metrodelegados esperan una respuesta definitiva.
Hasta hace unos días el ministro de Trabajo Carlos Tomada dejaba trascender que acordaba con darle la inscripción gremial a los metrodelegados, pero que esa posición era inviable porque implicaba romper la alianza que el Gobierno estableció con la CGT, su principal aliado, desde el momento en que el titular de Planificación, Julio de Vido, intercedió para que Hugo Moyano asumiera la titularidad de la CGT.
Ahora, la solución parece más cercana. Los representantes del Gobierno y de los trabajadores del subte coincidieron en que la continuidad de las medidas de fuerza crearía un clima de crispación social que sólo capitalizarían enemigos comunes: el duhaldismo, el macrismo, el cobismo o las huestes de Elisa Carrió. Tomada, parece, encontró una solución a medida: sin otorgar la inscripción gremial en lo inmediato dará a los metrodelegados mayores atribuciones de las que obtendrían si le pusiera la firma al mentado expediente. Así, los delegados tendrán protección gremial y estarán formalmente autorizados para negociar con la empresa.
A la vez, a los trabajadores dejarán de descontarles el uno por ciento de sus salarios que va a parar a la UTA –aporte conocido con el eufemismo de “cuota solidaria”– y ya acordaron iniciar discusiones sobre la jubilación anticipada por tratarse de un trabajo insalubre, la mejora del regimen de descansos y el traspaso de la prioridad para cubrir las nuevas vacantes en la empresa, hasta ahora en manos de la UTA.
Tomada ganó tiempo, porque un rechazo directo a la demanda de inscripción gremial podría profundizar el conflicto y acrecentar el malhumor social que genera el paro de un medio de transporte vital en la Ciudad. En cambio, una decisión totalmente favorable a los metrodelegados implicaría dañar la relación con su principal aliado –donde la UTA es un gremio de peso–, y a la vez podría ser interpretado como una señal en dirección hacia la satisfacción de otro reclamo histórico: el otorgamiento de la personería gremial a la CTA, la central obrera opositora.
UNO O MÁS SINDICATOS. La discusión de fondo es si los trabajadores deben o no estar encuadrados en un sindicato único por rama. La Ley de Asociaciones Profesionales así lo indica, pero el año pasado un fallo de la Corte Suprema autorizó lo contrario. Mientras la CTA creyó que con esa sentencia el camino para su reconocimiento oficial estaba allanado, la CGT hace propia una frase que suele pronunciar el máximo tribunal de justicia: “Cada caso es un caso”.
El argumento de la CGT para sostener el modelo peronista tradicional de organización es que las patronales prefieren la división sindical para quitarle fuerza al movimiento obrero. Del otro lado, se esgrime que el modelo del unicato sindical llevó a la formación de una casta dirigente que sólo le interesa perpetuarse en el poder. De un lado y de otro aportan contraejemplos para rebatir posiciones. En la CTA plantean que Metrovías prefiere a la UTA en vez de un nuevo sindicato porque así podría negociar con la cúpula gremial y disciplinar a los trabajadores.
A su vez, en la calle Azopardo señalan que los que denuncian falta de democracia gremial en la CGT no la practican en sus sindicatos. Una tercera posición –que prefiere no expresarse en voz alta pero que anida en la Central– reconoce que la proliferación de múltiples sindicatos debilitaría al movimiento obrero pero “en una coyuntura donde la representación está copada por gremialistas empresarios o vandoristas es la mejor salida”.
La CGT sigue muy de cerca el tema y ante la más mínima posibilidad de avance del pluralismo sindical manifestó su malestar en distintos tonos, que expresan a los diferentes sectores internos. Oscar Lescano y Juan Belén –dos exponentes del sindicalismo que coqueteó con el menemismo– apelaron a los arcaísmos macartistas de “zurda loca” o “Cuarta Internacional” para atacar a la CTA. Moyano, en cambio, prefirió separase de esos dichos y convocar a un marcha para el 20 de noviembre con la intención de demostrar que no ha perdido la calle.
El Gobierno le pidió a su aliado suspender el acto advertido de que en este clima de crispación le restaría más de lo que le sumaría. De todas formas, la presidenta Cristina Kirchner dejó en claro su posición: “Soy una profunda admiradora de nuestra organización sindical, del trabajo en blanco, de los salarios decentes”, dijo ladeada por Moyano. Funcionarios del Gobierno también anunciaron otro gesto hacia la CGT: estudiar la devolución de 3.200 millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que la Afip recauda sobre los aportes de los afiliados a las obras sociales para atender enfermedades complejas y de alto costo.
En la dirección nacional de la CTA creen que la Casa Rosada está decidida a sostener a ultranza su alianza con Moyano. El propio Hugo Yasky, titular de la Central, define el vínculo con el Gobierno como “obturado”. Por eso, el próximo 24 de noviembre, anunciará cuál es la medida de fuerza que tomará para exigir al Ministerio de Trabajo su reconocimiento oficial.
Según se imponga el sector interno más confrontativo con el Gobierno o el más conciliador, la movilización –que puede ir o no acompañada de un paro de actividades– será convocada para reclamar el otorgamiento de personería jurídica o bien –en un tono más suave– simplemente para acompañar el proyecto de blindaje social que presentará, entre otros diputados, Claudio Lozano, referente de la Central y opositor al Gobierno. Su propuesta incluye la creación de un seguro universal de empleo y formación, la prohibición de los despidos sin causa, el compromiso de resguardar las fuentes de trabajo de empresas recuperadas y una serie de reformas no estructurales a la ley de asociaciones sindicales.
Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, la CTA vivió –y todavía vive– una tensión interna de una magnitud desconocida hasta entonces. Mientras que un sector rescata la gestión de gobierno, el otro continúa pensando que no hay posibilidad de transformaciones de fondo si las alianzas políticas se establecen con “los barones del conurbano o los burócratas de la CGT”.
Los primeros rescatan las estatizaciones del correo, Aerolíneas, Aguas Argentinas y las Afjp, la nueva Ley de Medios, la asignación universal a la niñez, y la ausencia de represión a la protesta social. Los segundos, en cambio, señalan que no hay redistribución real de la riqueza, que se favorece un modelo económico extractivo como el minero, desconfía que la reforma política sea para reasegurar el bipartidismo, denuncia corrupción y falta de voluntad para cambiar la matriz impositiva regresiva que tiene el país por más progresiva.
A medida que transcurre el tiempo, el reconocimiento de la personería gremial de la CTA no aparece y la posición conciliadora –que supo encarna Yasky, cuando reemplazó a Víctor de Gennaro al frente de la Central– va perdiendo espacio. Algunos dirigentes de la primera línea se animan a anticipar un 2010 de mucha conflictividad gremial. “Basta leer los presupuestos que se enviaron a las provincias para darse cuenta –argumenta uno de ellos–. En Buenos Aires, por ejemplo, no se contempla aumento ni para la salud ni para la educación. En Córdoba, otro de los grandes distritos sólo se habla de un 8 por ciento.”
El Gobierno entiende que para acrecentar sus chances de permanencia en el poder necesita extender su base de sustento político. Sabe que a Moyano comienzan a desbordarlo algunos reclamos y que no le alcanza con la alianza de la CGT. Por eso intenta contener también a la CTA, aunque sin cambiar su estrategia de alianzas. “Cuando apostamos todo a la transversalidad, no construyeron nada serio”, se queja un kirchnerista que dice que hizo mucho por ella.
Héctor Recalde, en su doble función de diputado nacional del Frente para la Victoria y jefe de abogados de la CGT, fue uno de los que salió a enfriar la situación después del exabrupto de Belén: “Los compañeros de la CTA, a quienes respeto, tienen que entender que ya no estamos en los ’90. Este gobierno no tomó ni una medida en contra de los trabajadores”, subraya. Moyano, a su vez, en una entrevista concedida a Página/12 se mostró predispuesto a hablar de unidad sindical. Pero Yasky rápidamente contestó que no puede haber acercamiento mientras la CTA no reciba la personería gremial.
La única experiencia de unidad entre las dos organizaciones obreras se exhibe en la conducción de Foetra, el gremio telefónico, conducido por Claudio Marín de la CTA y Osvaldo Iadarola de la CGT. Hasta el año pasado, incluso, también formaba parte de la dirección el Partido Obrero. A todos los unió hace más de una década el espanto de una dirigencia gremial que había vendido su alma al menemismo. Desde entonces, el gremio tomó duras medidas de fuerza –que llegaron a la toma de edificios– y logró numerosas negociaciones a través de una práctica asamblearia, dándole activa participación a los jóvenes empleados, que no tenían tradición gremial.
FOTOS Y DIÁLOGOS. A pesar de contar con el beneplácito oficial, Moyano tomó nota de que había que ajustar algunas tuercas en su organización y comenzó a mascullar bronca hacia adentro. Reprochó a varios dirigentes, entre ellos a Roberto Fernández, titular de la UTA, haberse alejado de las bases y que –inspirados en el subte– en varias localidades del interior se estén intentando crear nuevos sindicatos de transportistas. “Tenemos que mirar más a los trabajadores”, dijo que le dijo.
Un dato que emergió en el todavía candente conflicto del subte sirve para entender la situación: hace poco más de un año, Metrovías incorporó personal para ocupar los puestos de la naciente línea H. En su política de aislar y debilitar a la comisión interna, concedió a la UTA la posibilidad de designar a los nuevos empleados. La sorpresa aconteció pocos meses después, cuando en las elecciones que organizaron para independizarse, los nuevos empleados optaron por crear su nuevo sindicato.
El líder de la CGT también se fotografió con Luis D’Elía, otra verdadera novedad. La CGT había desatendido, hasta ahora, a los movimientos sociales u organizaciones de desocupados, un sector donde se había hecho fuerte la CTA. Se trata de otro dato que no deberían despreciar aquellos que en cada gesto ven una señal política: si bien ahora no forma parte de la mesa directiva de la CTA, el dirigente de La Matanza –aliado incondicional del Gobierno– durante muchos años formó parte de su conducción.
En el lanzamiento de la nueva Corriente Nacional de Sindicalismo Peronista, el espacio que conformó junto a medio centenar de gremios que responde a su liderazgo, Moyano anunció que “el movimiento obrero tiene que estar alguna vez en la Casa Rosada. Es hora de que dejemos de ser un factor de presión para pasar a ser un factor de poder”. Y puso una probable fecha de asunción: 2011 o 2015.
Mientras Moyano habla de llegar al poder desde adentro del peronismo, De Gennaro siempre soñó con un la construcción de un Partido de los Trabajadores. Más de una vez se referenció en el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. De hecho, este fin de semana, bajo su liderazgo reúne en Neuquén a 4.000 militantes de la Coordinadora para la Constituyente Social que busca acordar con más de 600 organizaciones una especie de plataforma de gobierno que surja a partir de la demanda de las bases.
La paz de los subterráneos que se firmará los primeros días de diciembre no alcanzará a zanjar la disputa de la CGT y la CTA. “El problema no es una central u otra –advierte Roberto Pianelli, uno de los metrodelegados–. El verdadero problema es el de la representación de los trabajadores”. Y algo de razón parece que tiene. En una Argentina donde el 40 por ciento de la fuerza laboral trabaja en negro, sólo el 30 por ciento tiene adscripción sindical y el 85% de las empresas carecen de delegados o comisiones internas puede entenderse parece lógico que este tema haya trepado a la tapa de los diarios y a la agenda de la dirigencia política pero –al menos eso parece– no conmueve a la mayor parte de la sociedad.