Los fotógrafos y los camarógrafos, a diferencia de otros juicios, pudieron retratar a los represorez. Por Rodolfo Yanzón
Abogado de DD.HH., querellante en la causa Esma
Desde la siete de la mañana había gente esperando en el Tribunal Federal Número 5 para poder ser testigos del comienzo del juicio Esma, en el que están imputados diecinueve represores por unos ochenta casos, de los cinco mil que fueron llevados a ese centro clandestino. Todos los intentos de último momento de los marinos por evitar su inicio fracasaron. El día anterior Alfredo Astiz había revocado la designación de su abogado Aberg Cobo, pero los jueces inmediatamente dispusieron la intervención de un defensor oficial, que pidió postergar el inicio para estudiar las actuaciones. Los jueces le dijeron que no. Ese mismo jueves, los imputados Carlos Generoso y Néstor Savio fueron apartados del juicio oral por su estado de salud, aunque sus abogados habían solicitado la suspensión de todo el juicio.
La sala estaba llena. Todos esperaban con paciencia el comienzo del juicio. Entre los presentes se encontraban miembros de organismos de derechos humanos, las madres con sus pañuelos blancos, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; el fiscal Eduardo Taiano; el embajador de Francia, Jean Pierre Asvazadourian. También el abogado alemán Wolfgang Kaleck, presidente del Centro Europeo sobre Derechos Humanos y Constitucionales y las abogadas de derechos humanos Paloma Soria y Viviana Waisman, de España.
La bandeja superior se destinó al periodismo y a familiares y amigos de los represores. La militante castrense Cecilia Pando estuvo presente y dedicó algunas sonrisas para los miembros del grupo de tareas. Otras señoras, que parecían haber surgido de una casa de té de Barrio Norte, se pintaban los labios mirándose a un espejito mientras mascullaban en contra de los juicios y deslizaban insultos. Los querellantes y los fiscales se sentaron sobre el flanco izquierdo. Los defensores, sobre el derecho.
Cuando comenzaron a ingresar los imputados, causaron un alto nivel de alteración en la audiencia. El público se levantó, se escuchaba a los sobrevivientes que intentaban reconocer a los represores. Una sobreviviente apuntaba los nombres, los contaba. Era verdad, ahí estaban. Oscar Montes llegó en silla de ruedas, escoltado por personal penitenciario. El resto apareció esposado. “Qué bueno verlos esposados”, decía una madre de Plaza de Mayo con lágrimas en sus ojos. Las miradas se posaron sobre todo en Alfredo Astiz –que llevaba el libro Volver a matar en sus manos (ver aparte)– y Ricardo Miguel Cavallo. Entre el personal del Servicio Penitenciario Federal apareció el reo Juan Carlos Rolón, vestido en James Smart, que saludó a sus simpatizantes ubicados en la parte superior, arrojando besos al mejor estilo Frank Sinatra antes de cantar A mi manera. “Qué lindo está Alfredito”, se escuchó a una de las señoras paquetas. Los imputados se ubicaron en las sillas que el tribunal les había asignado junto a sus defensores.
Después ingresaron los tres jueces del tribunal, Ricardo Farías, Daniel Obligado y Oscar Hergott, y el suplente Germán Castelli, mientras las partes y el público se ponía de pie. “Buenos días, pueden tomar asiento”, dijo Obligado y pidió que ingresaran los camarógrafos y fotógrafos para tomar imágenes de los imputados. Lo hicieron en tres tandas. Los disparos fotográficos se multiplicaron sobre El Tigre Acosta, Astiz y Cavallo. Jorge Rádice, Antonio Pernías, Manuel García Tallada, Ernesto Weber, Juan Carlos Fotea y Juan Azic, ubicados en segunda línea, trataban de esconder sus rostros detrás de las espaldas de sus defensores. “¡Qué momento de alegría!”, dijo la abogada Mónica González Vivero junto a otras compañeras. Yo estaba sentado entre las abogadas Luz Palmás Zaldúa y Carolina Varsky. “Al fin lo logramos”, nos decíamos con cierta emoción.
Luego de varios minutos de filmaciones y fotos, Obligado informó que uno de los represores, Alberto González, no iba a estar presente porque se había presentado un certificado médico con diagnóstico de lumbalgia. Obligado informó que el certificado había sido expedido por el Hospital Naval Pedro Mallo. Solicitamos entonces que no se tuviese en cuenta ninguna documentación que surgiera de la Armada o de ese hospital, dada la connivencia con los imputados y sus permanentes acciones para que eviten la cárcel y el juicio. También pedimos que se informara sobre las visitas diarias a los imputados para evitar otro caso “Héctor Febres”, el prefecto que había comenzado a ser juzgado a fines de 2007, pero que antes del veredicto apareció muerto por ingesta de cianuro en una base de la Prefectura Naval.
El secretario comenzó a leer las acusaciones. Toda la jornada se dedicó a la lectura de algunas de las imputaciones que pesan sobre Adolfo Donda y Oscar Montes. Mientras eso sucedía, Carolina Varsky nos dijo que Luciano Benjamín Menéndez acababa de ser condenado a prisión perpetua y efectiva, no sin antes bravuconear, una vez más, insuflado en esta oportunidad por las palabras del flamante ministro macrista Abel Posse, prohombre del fascismo vernáculo.
Alrededor de las 17.30, Obligado comunicó un cuarto intermedio hasta el miércoles próximo para continuar la lectura de las acusaciones. Mientras los jueces dejaban la sala, se escuchó al público gritar: “¡Compañeros detenidos desaparecidos, presentes!”. Aprovechando su ubicación cercana al blindex que separa a las partes del público, Pernías posó el dedo índice sobre sus labios con mirada desafiante. “El silencio es salud”, decía la dictadura. Otros imputados insultaron mientras Donda, con sus manos en los bolsillos del pantalón, ponía cara de “esperen que la situación cambie”. Los del Servicio Penitenciario hicieron un cerco para impedir el contacto con los imputados para retirarlos del recinto. Desde la bandeja superior se escuchaba a las señoras cotorrudas gritar: “¡Terroristas!” y “¡negros de mierda!”.
Los ánimos se van caldeando a medida que los juicios avanzan. Y no es nada casual la advocación de Menéndez ni la amenaza de Astiz. Tampoco, que Macri haya designado a un esbirro de la dictadura para que haga el trabajo sucio de pedir por sus goodfelas. Pero hoy la Argentina no es la misma y la comunidad internacional respira un poco de justicia.