Sin justicia

Por Carlos Romero y Carlos Stroker

El reloj de la cabina quedó marcado a las 20:54. Fue el momento exacto en  que se produjo la tragedia. El avión correspondiente al vuelo 3142, de Lapa, no logró levantar la aeronave y terminó estrellada a metros de una estación de servicio frente a Aeroparque. Tenía como destino final la ciudad de Córdoba. Pero todo terminó con un Boeing 737 destrozado, 65 personas muertas, y otras 17 heridas de gravedad. Sucedió en la fría noche del 31 de agosto de 1999 y recién el 3 de febrero pasado se conoció el veredicto. Transcurrieron más de once años, de los cuales, los dos últimos estuvieron dedicados al juicio oral y público, uno de los más largos de la historia de la justicia nacional. De los nueve procesados no quedó ningún detenido y apenas dos fueron condenados a tres años de prisión en suspenso. Se pareció más a una ofensa a los familiares de las víctimas que  a un fallo judicial, y los abogados de la querella avisaron que se apelará el dictamen.

La balanza estuvo pendiente sobre cuatro directivos de la empresa aerocomercial (ya quebrada), dos empelados de la misma, y tres funcionarios de la Fuerza Aérea. Gustavo Deutsch, presidente de la compañía, fue absuelto; lo mismo sucedió con Ronaldo Boyt (vicepresidente), Fabián Chionetti (gerente de operaciones) y Nora Arzeno (gerente de Recursos Humanos). En tanto que las condenas de tres años cayeron sobre dos ex empleados de menor rango: Valerio Diehl, (gerente de operaciones) y Gabriel Borsani (gerente de línea 737), quienes podrán realizar tareas comunitarias. También se beneficiaron con la absolución los tres ex integrantes de la Fuerza Áerea, los brigadieres retirados Enrique Dutra, Damián Peterson y Diego Lentito.

La decisión debieron tomarla los integrantes del Tribunal Oral Federal número 4, que acaban de dictar uno de los fallos más polémicos y doloroso de los últimos años. El Tribunal está compuesto por jueces –en especial, sus dos miembros más antiguos– con antecedentes que combinan la carrera judicial con pasos breves, aunque intensos, por cargos políticos en los tiempos del menemismo, y junto a dos de sus funcionarios más cuestionados de la época.

El juez Leopoldo Oscar Bruglía es el más experimentado de los miembros del Tribunal. A sus 54 años, Bruglía acumula una extensa carrera judicial con un impasse en el que experimentó con las promesas del sector privado –entre 1988 y 1990 trabajó en la firma Crédito Dinámico S.A.– y luego acompañó a Eduardo Bauzá cuando el mendocino estaba al frente de la cartera de Salud y Acción Social. En ese ministerio, el actual magistrado encabezó la sensible Dirección de Sumarios, donde tuvo que lidiar con los entuertos de las denuncias de corrupción que cayeron sobre la gestión de Bauzá, como la supuesta estafa millonaria con la compra de guardapolvos.

Graduado en 1984 en la UBA, Bruglía ingresó a la Justicia en 1975 y pasó por todos los escalafones hasta su designación como camarista en 1993.

En el caso de María Cristina San Martino, también tuvo un período como funcionaria menemista. La jueza, que se recibió de abogada en su Mendoza natal e ingresó a la justicia provincial en 1975 como defensora de Pobres y Ausentes, es cuñada del poderoso ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi, uno de los ideólogos de la fiebre privatizadora de los ’90.

Por un tiempo, San Martino fue asesora de Dromi y más tarde asumió la Dirección de Relaciones Institucionales de la cartera que éste manejaba. Pero en 1990 dejó el cargo y trató de tomar distancia de los escándalos que ya rodeaban a su familia política, sobre la que prefiere no hablar demasiado.

Antes de que en 1993 llegara al TOF 4, San Martino fue jueza correccional de la Cámara Nº 1 en lo Criminal, siempre en Mendoza donde, también, se desempeñó como docente. Sin descollar por su impronta en el Tribunal, por lo general, San Martino suele acompañar las decisiones de los otros dos miembros del cuerpo, aunque en esta oportunidad votó en disidencia.

Jorge Luciano Gorini es el más joven de los magistrados y el último en sumarse al trío. Ingresó en 2006 como subrogante, luego de que se jubilara Horacio Vaccare. Antes había estado al frente del Juzgado de Instrucción Nº 36 en lo Criminal. Graduado en 1992 en la Universidad del Salvador, Gorini desarrolló sus primeras experiencias en la Justicia como meritorio en el juzgado nacional de Instrucción Nº 27 y como secretario en el Nº 32.

Además de dictar fallos, el juez suele ser docente en los estrictos claustros de la Universidad Austral, la UADE y el Instituto de la Policía Federal.

Junto con el expediente de Lapa, el TOF 4 tuvo y tiene en sus manos otras causas de alto perfil. Por citar los más relevantes, fue el Tribunal que falló en contra de la ex polifuncionaria menemista María Julia Alsogaray, a la que encontró culpable de enriquecimiento ilícito. Los jueces embargaron a Alsogaray por 3.179.207 pesos y remataron su emblemático petit hotel.

En 2003, el TOF 4 dictaminó a favor de cuatro militantes de la agrupación Quebracho, incluido su principal referente, Fernando Esteche, en una causa iniciada en 1995 por el ex ministro menemista Carlos Corach, que los acusó de “incitación a la violencia” durante marchas estudiantiles y de jubilados. El cuerpo los absolvió de ese delito, aunque condenó a tres años de prisión en suspenso a Esteche por portación ilegítima de un arma.

Los mismos magistrados tienen actualmente en sus manos una de las causas más emblemáticas por crímenes de lesa humanidad: la del centro clandestino de detención “El Vesubio”, por el que se calcula que pasaron unas 400 personas. El Tribunal deberá dictar sentencia sobre ocho represores que estaban al mando del genocida Guillermo Suárez Mason, muerto sin condena en 2005. Se estima que ese juicio comenzará el 17 de febrero próximo.

Otros expedientes bastante picantes a cargo del TOF 4 son los de la llamada “Mafia del Oro”, los sobreprecios en el catering del avión presidencial Tango 01, las presuntas contrataciones irregulares en la ex empresa estatal de correos Encotesa –donde está acusado el ex ministro de Economía Domingo Cavallo– y la causa que investiga el contrato firmado, en 1994, entre IBM y la ex DGI, que le habría generado pérdidas millonarias al Estado.

Ellos fueron los que se expidieron en nombre de la justicia. Pero del otro lado están los damnificados, los que no podrán olvidar jamás tanto dolor, como Marisa Beiró, una de las sobrevivientes del fatídico vuelo. Ella viajaba junto a ocho amigas y fue la única que logró seguir con vida y debió someterse a una cantidad de cirugías. “Estoy destruída. Fueron absueltos y yo no creo más en la justicia”. Beiró, tras escuchar el veredicto, denunció que “los abogados de la empresa llamaban a mis abogados para que hablara a favor de ellos. Les ofrecieron plata pensando que iba a cambiar mi declaración. Es una vergüenza, no lo puedo creer.” Luego aseguró que el fallo “fue un mamarracho. Acá todo se mueve con dólares, con millones de dólares.” Una sensación similar es la que tiene Mateo García, hermano de una de las 65 víctimas que perdieron la vida en el accidente. “Cuando todo esto empezó era un delito y hoy es un caso de impunidad. Nosotros, como denunciantes, hicimos todo lo que pudimos, pero fue todo un manoseo”.

Otro de los que habló fue Raúl Nassi, quien perdió a su mujer Sivia Medeot y que no logró ocultar sus lágrimas al escuchar la lectura de la sentencia del Tribunal. “Esperábamos una actitud de la justicia donde se valorara la vida de las personas. Creíamos que la justicia tenía la claridad suficiente sobre lo que ocurrió aquel día, pero nos equivocamos”. Nassi aseveró que quisieron engañarlos “con cuestiones teóricas sobre algún tipo de error humano. Es lamentable”.

No fue la única voz que se alzó en contra de lo que decidieron los integrantes de este Tribunal. Silvia Serrano, otro familiar de uno de los fallecidos, añadió: “nos sentimos realmente mal por todo esto. Es una locura”.

Entre los que fallecieron estaban el comandante de la aeronave, Gustavo Weigel, quien tenía 45 años, y el copiloto Luis Etcheverry, de 31. La estrategia de los abogados de los acusados estuvo prácticamente dirigida a mostrar que fue todo debido a una serie de errores humanos por parte de los responsables de conducir el vuelo. Pero más allá de la cantidad de artilugios legales que se suelen utilizar, ya no hay responsables vivos de lo que sucedió esa noche de agosto. Fueron 65 personas que perdieron la vida en una de las tragedias aéreas más dramáticas en la historia de la aeronavegación Argentina. Hubo algunos que pudieron salvarse, aunque varios de ellos deben lidiar en forma permanente y dura con las secuelas de lo que sucedió, tanto a nivel psíquico como físico. “Obviamente que vamos a apelar el fallo, vamos a ir hasta el final en esta cuestión. Es una barbaridad lo que sucedió. Nosotros queremos a los responsables en el lugar donde tienen que estar, y fueron absueltos”, afirmó uno de los defensores de los familiares de las víctimas del caso, el abogado Hugo Wortman Jofre.

Quizá en algún momento, tanto dolor y sangre, innumerables pedidos de justicia y equidad llegarán a destino. Parece que en la Argentina habrá que esperar para saber de qué lado está la balanza. Es una incógnita.