La Presidenta, ayer, en Avellaneda. Dijo que “el país superó el 2009, el año más difícil en décadas” El gobierno nacional apeló ayer ante la Corte Suprema de Justicia el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que durante la feria judicial frenó el decreto que creó el Fondo del Bicentenario, para utilizar 6.569 millones de dólares de reservas del Banco Central para el pago de deuda pública.
En la apelación, el Poder Ejecutivo le pidió a la Cámara que envíe el fallo al máximo tribunal con "efecto suspensivo" sobre el freno del uso de los fondos federales. Esto es que deje sin efecto la decisión de la Cámara de no poder utilizar las reservas hasta tanto resuelva la Corte Suprema.
La Procuración del Tesoro de la Nación, donde acaba de asumir como titular Joaquín Da Rocha, presentó ayer el recurso extraordinario ante la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, integrada por los jueces Jorge Morán, Sergio Fernández y Luis María Márquez.
Ese tribunal recibió las apelaciones a la medida cautelar que en enero emitieron las camaristas de feria Marta Herrera y Clara Do Pico, quienes confirmaron la resolución de la jueza de primera instancia María José Sarmiento que frenó la aplicación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 2010/09 del Fondo del Bicentenario hasta tanto el Congreso se pronuncie sobre la validez del DNU.
Se trata de dos causas. Una la inició el diputado nacional del PRO Federico Pinedo y la otra el senador de la UCR Gerardo Morales. Ambas fueron analizadas en conjunto durante la feria judicial.
Las apelaciones iban a ser tratadas en dos causas distintas por dos salas del tribunal, pero por "conexidad" la Cámara resolvió que ambas queden radicadas en la Sala IV.
En medio de la polémica, la Corte había dejado trascender que el máximo tribunal no entiende en medidas cautelares, como la que frenó el Fondo sino en las cuestiones de fondo.
Es que la Corte Suprema solo revisa sentencias definitivas, lo que no es equiparable a una cautelar. Sin embargo, al parece, en las últimas horas habría habido una señal en contrario.
De todas formas, en el máximo tribunal apuestan a que haya una resolución en el Congreso que debe tratar si acepta o rechaza el DNU que creó el Fondo del Bicentenario. Lo hará en la primera semana de marzo.
Para que la causa llegue a la Corte Suprema primero los jueces deberán darle traslado de la apelación al PRO y la UCR para que opinen sobre la presentación, para lo que tendrán 10 días.
Luego la Cámara Contencioso estará en condiciones de resolver si acepta o rechaza la apelación. En el segundo caso, el Gobierno podrá recurrir directamente a la Corte a través de un recurso de queja.
El martes último, la Corte rechazó un amparo que presentó la provincia de San Luis para frenar el decreto, al considerar que ese estado provincial no tenía legitimidad para actuar en la causa en representación de sus ciudadanos o para defender el valor de la moneda, como el gobierno de Alberto Rodríguez Saá había alegado.